En una casa antigua, con pasillos largos y muchas habitaciones, había una puerta trasera que nadie vigilaba. Era útil, rápida, servía para no hacer tanto ruido. Pero una noche, por esa puerta, entró el daño. Fue entonces cuando la familia comprendió que algunas puertas, aunque parezcan funcionales, deben cerrarse para siempre.
Así es hoy el procedimiento abreviado en el sistema penal mexicano: una herramienta procesal útil en ciertos casos, pero que se ha convertido en la puerta trasera de la impunidad cuando se aplica a delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Una salida rápida que excluye a las víctimas, minimiza los delitos y convierte la justicia en trámite.
En esta semana, subiré a tribuna en el Congreso del Estado de Zacatecas para presentar una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca cerrar esa puerta con claridad. Propondremos que el procedimiento abreviado no pueda utilizarse cuando la víctima sea menor de edad y el delito tenga naturaleza sexual. Y si el Pleno aprueba esta reforma, no será solo mía: será de toda la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas. Será una señal firme desde lo local hacia lo federal de que legislar por la niñez no puede esperar.
Hoy en México, una persona acusada de violación, abuso sexual o pederastia puede obtener una sentencia reducida —y muchas veces sin pisar la cárcel— si acepta su culpabilidad antes del juicio. Así se evita el juicio oral, se borra el rostro de la víctima del proceso, se anula la verdad pública.
Pero evitar el juicio en estos casos no solo vulnera el principio del interés superior de la niñez. También transgrede el derecho humano al acceso a la justicia, consagrado en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La justicia no es justicia si no hay verdad, ni reparación, ni escucha.
Además, cada vez que el Estado permite que un agresor sexual de menores acceda a procedimientos abreviados, ejerce también violencia institucional. Por omisión. Por silencio. Por ceguera legal. Y eso, también, debe terminar.
El caso que nos confrontó
En mayo de 2025, el exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue vinculado a proceso por violación equiparada y abuso sexual contra una menor de edad. El caso se resolvió mediante procedimiento abreviado: cuatro años de prisión en libertad condicional. Sin juicio. Sin exposición pública. Sin justicia restaurativa.
Ese caso no fue una excepción. Fue un espejo doloroso. Y también, un punto de quiebre. Nos mostró que incluso los marcos jurídicos pueden ser cómplices si no se reforman a tiempo.
Las cifras que no se pueden ignorar
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2023 se registraron más de 22,000 casos de abuso sexual infantil, colocando a México como el país con mayor incidencia dentro de la OCDE. En Zacatecas, entre enero y abril de 2025, se reportaron 186 casos de abuso sexual y violación, muchos con víctimas menores de edad.
El INEGI ha documentado que la mayoría de estos casos ni siquiera llegan a una sentencia condenatoria. Y entre los que sí, muchos se resuelven por medio de un acuerdo procesal que deja fuera del proceso a la víctima.
No todas las víctimas enfrentan las mismas condiciones. Las niñas indígenas, con discapacidad, en pobreza o sin redes de apoyo enfrentan barreras aún más severas. Esta reforma busca ser también un acto de justicia interseccional: reconocer que no hay niñez genérica, y que algunas voces han sido silenciadas más que otras.
¿Qué propone esta reforma?
La iniciativa modifica los artículos 4 y 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que el procedimiento abreviado no podrá aplicarse en delitos sexuales cuando la víctima sea menor de 18 años.
No se trata de endurecer penas. Se trata de cerrar un beneficio procesal que en estos delitos resulta incompatible con la dignidad de la víctima y con la gravedad del daño causado. Se trata de garantizar el juicio oral, la visibilidad del caso, la participación de la víctima y la reparación del daño.
La propuesta está jurídicamente fundamentada: en el artículo 1º y 4º de la Constitución; en la Convención sobre los Derechos del Niño; en la Ley General de Víctimas; y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido que el interés superior de la niñez puede justificar restricciones legítimas y proporcionales a figuras procesales generales (Tesis 1a. CLXXXVIII/2014).
Esta reforma tiene nombre y rostro. Es por las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido violentadas. Por las que han tenido el valor de denunciar. Por las que nunca fueron escuchadas en juicio. Por quienes han visto a sus agresores evadir el castigo.
Pero también es por la sociedad entera. Porque cuando no hay juicio, no hay verdad. Y cuando no hay verdad, no hay confianza en el Estado. Proteger a la niñez no es solo una deuda con ellas. Es un acto de reparación colectiva.
Una voz que sale de Zacatecas
Esta no es una propuesta aislada. Forma parte de una lucha nacional. Desde los congresos locales como Veracruz, Oaxaca y Puebla que ya han actuado, hasta las colectivas feministas, sobrevivientes, periodistas y defensoras que han empujado esta agenda.
Desde Zacatecas levantamos la voz con seriedad jurídica y con dignidad legislativa. Ejercemos nuestra facultad constitucional para presentar esta reforma federal ante el Congreso de la Unión, conforme al artículo 71 fracción III, sabiendo que las leyes no pueden seguir premiando el silencio ni favoreciendo al agresor.
Esta iniciativa también necesita del respaldo social. De quienes denuncian, investigan, acompañan, cuidan, enseñan. Que esta reforma se escuche en las fiscalías, en los tribunales, en las escuelas y en los hogares.
Porque la justicia para las infancias no puede seguir siendo una promesa rota. La justicia no se negocia. El juicio oral no es un lujo, es un derecho. Las víctimas no pueden seguir siendo desplazadas por la eficiencia procesal.
Y que se recuerde: fue desde Zacatecas donde dijimos “basta”. Fue en esta Legislatura donde entendimos que proteger a la niñez es legislar por el futuro.
Que lo escuchen en cada rincón del país: la justicia para las infancias no se negocia. Se defiende. Se legisla. Y se honra.
