A partir del 1 de septiembre, el Sistema Judicial Mexicano experimentará una transformación sin precedentes. Ese día, en el Senado de la República, rendirán protesta los nuevos ministros, jueces y magistrados electos en la reciente jornada electoral, una elección marcada por una abstención superior al 90%.
Quienes vemos en esta reforma judicial un error histórico, advertimos que no fue “el pueblo” —como tanto presume el partido en el poder— quien definió el rumbo del Poder Judicial, sino una estrategia política diseñada para colocar perfiles afines a la ideología oficialista. El riesgo es claro: que un poder autónomo e independiente se convierta en un simple eco del gobierno en turno.
La captura política comenzó desde los llamados Comités de Selección, integrados por el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por MORENA y sus aliados. En lugar de garantizar objetividad, cerraron el paso a candidatos sin vínculos con el oficialismo.
Más tarde, se desplegó una operación masiva para distribuir los polémicos “acordeones”, listas con los nombres que la ciudadanía debía respaldar en las urnas. Pese a las denuncias de coacción y a la coincidencia entre esos nombres y los perfiles ganadores, el Instituto Nacional Electoral avaló la legalidad de la elección en una votación dividida.
No hay motivos para el optimismo. Todo indica que MORENA y sus aliados utilizaron su poder político y su mayoría legislativa para asegurar la afinidad ideológica de los nuevos integrantes de la Suprema Corte. No es casualidad que la mayoría de los futuros ministros guarden cercanía con el gobierno federal.
Conviene recordar que esta reforma no buscó mejorar la impartición de justicia ni hacer más eficiente la atención a los denunciantes ni a la víctimas. Las múltiples propuestas presentadas en los foros para “diseñar” la reforma judicial hecha por académicos, defensores de derechos humanos y operadores de la justicia, fueron ignoradas.
La justicia no debe someterse a ideologías partidistas ni a la presión de la vox populi. Su único compromiso debe ser con la ley y la protección de los derechos fundamentales. Para ello se requiere experiencia, preparación e independencia.
Estamos a punto de presenciar una etapa decisiva: ¿Resistirán los ministros electos las presiones políticas? ¿Mantendrán su imparcialidad en asuntos tan sensibles como la libertad de expresión, los derechos de las minorías o los límites al poder presidencial?
La respuesta marcará el futuro de la justicia en México. Y ahí es donde la ciudadanía tiene un papel crucial: no podemos mantenernos indiferentes. Vigilar, cuestionar y exigir transparencia a quienes hoy asumen el más alto cargo judicial es nuestra responsabilidad colectiva. La democracia no termina con el voto; comienza con la participación activa y la defensa permanente de nuestras instituciones.
