La organización de los próximos comicios para la presidencia de la República, serán una difícil tarea para el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el “plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente, provocará el despido de 6 mil funcionarios de base, es decir, de la tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta actualmente el instituto.
El consejo general del INE recibió el día de ayer un informe puntual sobre las afectaciones que genera la entrada en vigor de las leyes secundarias en materia electoral, es decir, la puesta en marcha del “plan B”.
Los cambios implican afectaciones en la autonomía del instituto, la estructura territorial, los procedimientos de capacitación que garantizan el conteo de votos, así como el golpe financiero que supondrán las demandas laborales de quienes se ven afectados con los recortes y el incumplimiento a los contratos inmobiliarios; lo anterior, no fue previsto presupuestalmente por la 4T. De 2 mil 571 funcionarios de carrera, se contempla quedarse únicamente con 396, comprometiendo la eficiencia y operatividad del instituto.
Asimismo, la fiscalización de ingresos, gastos y el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos que podrán guardar los ahorros de cada año fiscal. Es decir, los actores políticos tendrán un panorama más laxo para incurrir en compra y acarreo de votos, utilización de dinero ilícito en campañas, los funcionarios públicos podrán hacer proselitismo durante la veda electoral, alegando libertad de expresión.
Además, se advierte que la protección de los datos personales de la ciudadanía podría verse comprometida. Sin funcionarios capacitados la actualización del padrón y la lista nominal, se verán afectados, así como el funcionamiento de los centros donde se emiten las credenciales de elector.
El documento explica que la compactación estructural y los recortes de personal se dan a tres niveles: a nivel nacional, en las oficinas centrales,direcciones ejecutivas y unidades técnicas; a nivel estatal, en las 32 juntas locales ejecutivas (una por Estado), y a nivel local, en el andamiaje conformado por las 300 juntas distritales ejecutivas. El INE advierte que alrededor de la mitad del total de trabajadores que serán despedidos pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, que se trata de personal altamente profesionalizado en la función electoral. Es decir, no se trata de la burocracia dorada que tanto dice odiar el Presidente -aquí tenemos la nómina secreta con compensaciones extraordinarias, que parecen no importarle a los de Morena- en sus mañaneras. Las personas perjudicadas por los recortes realizan tareas esenciales y diversas.
Es un hecho que Andrés Manuel López Obrador está dedicando muchos recursos a la sucesión. Desde inaugurar la precampaña 3 años antes aun cuando los aspirantes se encuentran en cargos públicos. Además la insistente mención de los comicios de 2024 en un buen número de mañaneras y la marcha organizada por sus seguidores, una marcha contra su propio pueblo que ha dejado claro que no permitirá que el INE sea destruido y con ello, la democracia.
El atacar al INE únicamente logrará deslegitimar el resultado antes de tiempo. Francamente, no entiendo la razón, ya que la próxima elección la tienen asegurada Morena y sus aliados. A menos que el mandatario sepa algo que los simples mortales no. El autoritarismo con que lleva su gobierno, es muestra de inseguridad, tal vez, porque no estaba preparado para que el desgaste natural de la figura presidencial normal conforme avanza cada sexenio, comenzará de forma anticipada, igual que las pre campañas.
La violencia homicida, la desaparición de más de 100 mil personas, los proyectos de refinería y Tren Maya que no se terminaron conforme a las promesas, así como un aeropuerto distinto al proyectado, mayores niveles de corrupción e impunidad, podrían pasarle factura en las elecciones. Por ejemplo, vaticino que en Zacatecas no tendrá los votos esperados, gracias la indolencia e inoperancia de la Nueva Gobernanza.
Por algo prepara el terreno. La reforma electoral deja un árbitro electoral debilitado, lo que es un golpe directo para la democracia mexicana, que tardó décadas de lucha y cobró mucha sangre de las y los mexicanos. En 2024 el INE tendrá que enfrentarse contra el repudio de los obradoristas y las artimañas morenistas -al puro estilo del PRI-, con menos herramientas que en el pasado. Sin contar que AMLO tiene experiencia en acusar de ilegítimos los procesos electorales en los que sus huestes no salen victoriosos.
