La economía mexicana es una de las más integradas en el mundo, por ello, la soberanía energética es un tema central para la 4T. No se trata de ser de izquierda o derecha, se trata de mantener un sector estratégico para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, y de esta forma ser competitivos en la economía global. Sobre todo en un contexto donde parte de la hegemonía mundial está relacionada con las energías.

Sin embargo, la estrategia ha dado un giro drástico en los últimos días. La votación para la reforma eléctrica se adelantó de junio a inicios de abril, justo al día siguiente de la Revocación de mandato impulsada por el ejecutivo. En el escenario político  Morena no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para impulsarla tal y como quiere el presidente, sin moverle ni una coma.

El bloque opositor ha dejado claro que harán una contrapropuesta “que sea la que más favorezca al pueblo”-conocemos las formas y modalidades de “favorecer”  que tiene la clase política mexicana -favorecer sus intereses-. Lo que tratarán es buscar que la industria eléctrica no se estatice por completo, cumplimiento de los contratos con privados, privilegiar la generación de energías limpias y bajar las tarifas.

Para que la iniciativa pase, Morena y aliados,  necesitaban forjar una alianza con los diputados y senadores del PRI, pero no se logró de manera exitosa. Al contrario, los priístas encontraron la forma de reconstruirse apropiándose de otro partido y otra bandera, aprovechándose de las fracturas al interior de Morena y la falta de disciplina de sus integrantes, los resultados los veremos en el mediano y largo plazo, es decir, después de los comicios del 2024.

Con esta reforma se busca fortalecer a la CFE para que garantice el suministro de electricidad a los consumidores finales, con precios justos, sentar las bases para conducir desde el Estado la transición a energías renovables. La reforma energética de 2013, de Peña Nieto prometió cosas similares, pero sabemos que perdió mercados, la CFE se endeudó y fue fraccionada en distintas subsidiarias que no intercambiaban información debido a la separación legal obligada. En otras palabras, fiel a su historia de corrupción la política, prometió bondades y ofreció pérdidas.

Incluso, según la CFE, esta reforma creó un mercado eléctrico paralelo ilegal donde las empresas privadas simulaban generar electricidad para autoabastecerse, a través de vacíos en la regulación revendían electricidad pagando menores costos aprovechando la figura legal creada por la reforma, lo que llevo a la inestabilidad de la Secretaría de Energía.

En el sistema de creencias mexicano la energía es asunto medular de la soberanía popular. Las industrias eléctrica y petrolera son percibidas como bienes nacionales sobre los cuales el Estado debe tener control para servir al pueblo. Por tanto, la intervención privada, nacional o extranjera, merece rechazo.

No es el caso de Estados Unidos, donde el sector privado tiene una participación intensiva y el gobierno interviene únicamente como regulador de los mercados y, eventualmente, como garante último del abasto energético. Este contraste de concepciones ayuda a comprender la reiterada incomprensión entre los gobiernos, ya que en varias ocasiones nuestros vecinos han mostrado preocupación por la reforma y cómo repercutirá en las inversiones estadounidenses en el sector.

El verdadero debate es político y tiene que ver con dos convicciones de la vida pública reencarnada en el discurso de los defensores de la reforma: a) los empresarios (los malos) con el permiso de gobiernos anteriores han abusado de la población al enriquecerse a su costa y, encima de todo, recibir subsidios ilegales en detrimento de la CFE; y, b) El gobierno es el único agente que busca defender realmente los intereses del país, la CFE pertenece a la gente y no a particulares.

La realidad nos ha mostrado lo contrario, nadie ha tenido tantos intereses particulares, ha tomado, desviado y/o dilapidado tantos recursos de México como los responsables de gobernarlo. Son quienes crearon el capitalismo de amigos, tan característico de este país, haciendo rica a una parte de la clase empresarial en negocios con el gobierno.

Pese a que la soberanía energética debe ser prioridad en las agendas de las naciones, esta no se entiende como una reforma a favor de México sino a favor de la CFE. Al frente de la Comisión se encuentra Manuel Bartlett, un político que representa a la perfección este tipo de capitalismo de amigos. Parece que el fondo de la reforma es establecer quien manda en el país. Al igual que en la guerra contra el INE y su burocracia dorada, argumento bastante hipócrita si consideramos que funcionarios zacatecanos de medio pelo ganan más que el presidente, y ante eso la postura oficial es el silencio y la omisión.