“Con poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar.”
—Lord Acton (historiador, político y escritor inglés)
El escenario político de México, a partir de las elecciones de 2024, ha entrado en una fase de profunda reconfiguración. La consolidación de una «supermayoría» legislativa por parte de la coalición encabezada por Morena no representa simplemente un cambio en el balance de fuerzas; constituye una concentración de poder sin precedentes en la era democrática moderna de México, lo que plantea serios interrogantes sobre el futuro del equilibrio de poderes y el Estado de derecho. Este fenómeno no es aislado, sino que se inscribe en un contexto de debilitamiento de contrapesos, persistencia de la impunidad y creciente influencia del crimen organizado.
Desde el 1 de septiembre de 2024, cuando la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión asumió sus funciones, el partido en el poder, junto con sus aliados, obtuvo una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esta mayoría, que les permite aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición, elimina de facto el sistema de pesos y contrapesos que ha caracterizado a la democracia mexicana desde la alternancia del año 2000. La capacidad del poder legislativo para funcionar como contrapeso real al poder ejecutivo se ha visto severamente comprometida. Por ejemplo, propuestas de reforma que habían sido bloqueadas en legislaturas anteriores —como la reforma del Poder Judicial— ahora pueden ser aprobadas con relativa facilidad, alterando de manera fundamental la estructura institucional del país.
La erosión de los contrapesos no se limita al ámbito legislativo. Durante el sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se observó un patrón de debilitamiento de organismos autónomos diseñados para supervisar y limitar el poder ejecutivo. Instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) enfrentaron recortes presupuestales, ataques narrativos desde la conferencia matutina y nombramientos cuestionados que pusieron en entredicho su independencia y eficacia. Con la concentración de poder en el Ejecutivo, estos organismos perdieron su capacidad de actuar como guardianes del interés público y de los derechos ciudadanos. La reforma del Poder Judicial consolidó aún más este control, al subordinar de manera indirecta a jueces y magistrados al poder político, poniendo en riesgo la independencia de la impartición de justicia.
La actual configuración política también expone la debilidad de la oposición en México. Los resultados electorales de 2024, que dejaron a los partidos PAN, PRI y PRD en sus niveles históricos más bajos de representación, reflejan no solo un voto de confianza en el oficialismo, sino también el fracaso de la oposición para articular una narrativa y una propuesta política que conecten con el electorado. Sin una oposición fuerte y coherente, el debate público se empobrece y la capacidad de fiscalizar al poder se desvanece. En ausencia de un contrapeso efectivo, el riesgo de que el poder se ejerza de manera unilateral y sin rendición de cuentas aumenta considerablemente. La desarticulación y fragmentación de los partidos opositores dificultan la construcción de un frente común que pueda ofrecer una alternativa viable y evitar la concentración de poder en una sola fuerza política.
Por otro lado, la percepción de impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado de derecho. A pesar de los esfuerzos discursivos y algunas acciones gubernamentales, las cifras delictivas y la falta de castigo para los crímenes de alto impacto, así como la corrupción, persisten. Esta impunidad no solo erosiona la confianza en las instituciones de justicia, sino que también crea un caldo de cultivo para la corrupción y la criminalidad organizada.
Finalmente, la creciente influencia del crimen organizado en el ámbito político es un fenómeno que se ha agudizado y se entrelaza de forma peligrosa con la concentración de poder. Durante el proceso electoral de 2024, se documentaron múltiples actos de violencia política, incluyendo asesinatos de candidatos y amenazas, lo que demostró el interés de los cárteles en influir en las elecciones locales y federales. Esta injerencia no solo afecta la integridad de los procesos democráticos, sino que, en un contexto de concentración de poder, el riesgo de que las instituciones sean cooptadas o infiltradas por el crimen organizado aumenta. La falta de contrapesos institucionales podría facilitar que las redes criminales extiendan su influencia a niveles de gobierno que, en un sistema de pesos y contrapesos institucionalizado, sería difícil penetrar.
En conclusión, la «supermayoría» de 2024 representa un punto de inflexión. La erosión de los contrapesos, la debilidad de la oposición y la persistencia de la impunidad, exacerbadas por la influencia del crimen organizado, configuran un panorama en el que el Estado de derecho se ve comprometido y la concentración de poder se convierte en el rasgo dominante de la política nacional. Superar estos desafíos requerirá de una sociedad civil activa, una prensa libre y la defensa de las instituciones democráticas, más allá de los resultados electorales.
