La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier democracia, pero su importancia se vuelve aún más evidente en un terreno particularmente delicado: las obras públicas canceladas, tal como es el caso de la cancelación de la construcción del segundo piso del boulevard en la capital del estado.
Toda obra pública implica recursos, planeación y expectativas sociales. Cuando se cancela, no desaparece el gasto invertido ni las promesas hechas: quedan estudios pagados, contratos firmados, anticipos entregados e incluso indemnizaciones a empresas afectadas. Lo que no debería quedar es la opacidad.
La cancelación del “Segundo Piso”, una obra cuyo costo se calculó en $3,654 millones de pesos, es un ejemplo de ello, pues hoy hay amplias sospechas de corrupción y mal manejo desde su fondeo hasta su cancelación.
No olvidemos que el Segundo Piso se financió con subejercicios del presupuesto estatal de todas las dependencias (lo que significa que el gobierno no gastó acorde a lo mandatado por el Congreso Estatal) y alcanzó a reunir $2100 mdp, de los cuales, dieron un anticipo a la empresa contratista de la obra por $547 mdp, pago que, cabe aclarar, resultaba improcedente al tratarse de una obra contratada bajo un concepto denominado «a mano alzada», que significa que el contratista iba a invertir y después se le iba a pagar.
De acuerdo a los informes financieros, el fideicomiso sigue aun cuando ya no tiene razón de ser al haberse cancelado la obra; deberían de decirnos qué pasa con los poco más de los dos mil millones de pesos que ya deberían estar ejecutándose en obras y acciones que realmente son prioritarias para las y los Zacatecanos.
Hasta el momento, se sabe que los empresarios no quieren devolver el anticipo, justificados en que ya gastaron 313 millones de pesos en abrir y cerrar un boquete donde se iniciaría la construcción, tampoco se sabe cuándo se va a extinguir el fideicomiso y qué mecanismos ciudadanos se van a emplear para verificar el uso correcto del ejercicio de los recursos financieros de la fallida obra. La opacidad convierte lo que debería ser una corrección técnica en un terreno fértil para la desconfianza.
A través de distintas encuestas y estudios de opinión, la sociedad zacatecana ha manifestado en más de una ocasión, que la obra no era necesaria ni prioritaria, por ello, consideran que los recursos que se iban a destinar, se empleen en beneficios más amplios y sociales, como mejorar la infraestructura en salud o bien, en mejorar la infraestructura carretera.
La rendición de cuentas no es un trámite burocrático; es la única manera de garantizar que los errores se traduzcan en aprendizajes institucionales y no en cicatrices económicas que se repiten sexenio tras sexenio y es la extraordinaria oportunidad para que una administración morenista demuestre que efectivamente, el derecho a saber, no esté condicionada a la existencia de un órgano autónomo que obligue al poder público a responder. De lo contrario, darán la razón a quienes nos opusimos a la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y propusimos su mejoramiento, no su erradicación.
Estoy convencida que un país que esconde los fracasos de su gobernanza, nunca podrá aprender de ellos, y un gobierno que no explica el uso de los recrusos que reitero, son de todas y todos, condena a la sociedad a pagar las consecuencias en silencio en detrimento de su derecho a saber y de participar.
