Arturo Medina Mayoral y la diputada Renata Ávila. FOTO: Esther Consuegra
Por Renata Ávila
El general Arturo Medina Mayoral llegó al Congreso del Estado como si entrara en territorio enemigo: rodeado de elementos de seguridad, perros policías y órdenes precisas para contener a la ciudadanía. Así comenzó una comparecencia que, más que rendición de cuentas, pareció una operación táctica.
Desde su arribo, el mensaje fue claro: la seguridad se concibe como control, no como confianza. Se bloquearon los accesos al área de galerías y se impidió el paso a quienes querían ejercer su legítimo derecho a manifestarse. Así se negó el acceso a la activista Eugenia Hernández, una de las mujeres brutalmente reprimidas el #8M2024, y se intentó contener a don Martín Pueblo, reconocido defensor de diversas causas sociales. El Congreso, símbolo de debate público, fue cercado como un perímetro de seguridad.
Al general se le olvidó dónde estaba. No en su oficina, ni en su cuartel, ni en una operación de mando. Estaba frente al Poder Legislativo. Su actitud —la forma en que llegó, las órdenes, la imposición de presencia— constituyó una afrenta a la autonomía del Congreso y al sentido mismo de la democracia.
Cuando tomó la palabra, presumió una supuesta reducción de homicidios dolosos, pero omitió el incremento de desapariciones, los abusos policiales y la desconfianza ciudadana. En su discurso, la paz se mide en cifras; en las calles, la gente se siente sitiada. Mientras los números bajan en los reportes, las madres siguen buscando a sus hijos con palas.
Recordé un hecho reciente: el 8 de septiembre, durante una manifestación pacífica de familias buscadoras, un agente de tránsito gritó —textualmente—: “ustedes y los desaparecidos se van a la (palabra altisonante)”. Esa frase, brutal y dolorosa, es síntoma de una autoridad que desprecia la dignidad humana.
Y hubo algo aún más grave en su narrativa: el propio secretario insinuó que quienes no confiamos en la FRIZ (Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas) podríamos tener vínculos con grupos criminales. Esa lógica es tan peligrosa como inadmisible: convierte la crítica ciudadana en sospecha, criminaliza la disidencia y cancela el derecho a exigir cuentas. La FRIZ debe garantizar derechos, no estigmatizar a quien cuestiona su actuación.
Operativo alrededor del Congreso de Zacatecas por comparecencia de Medina Mayoral. FOTO: Esther Consuegra
Le hice entonces una pregunta directa: ¿qué opinión tiene sobre los movimientos sociales y el derecho a la libre manifestación pacífica en Zacatecas? La respuesta nunca llegó. Evadió el tema y se refugió en lugares comunes. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso: para este gobierno, los movimientos sociales no son interlocutores; son amenazas.
Después, con ligereza, “reconoció” que faltan protocolos para garantizar la libre expresión, pero lo dijo en tono de burla. Y entre risas, remató que cuando se retire me recomendará para ocupar su cargo. Esa mofa habla de una soberbia rutinaria: la incapacidad de dimensionar la gravedad de lo que se denuncia y el desprecio por una interlocución democrática.
No es un desliz personal; es una cultura. Una que confunde autoridad con abuso, fuerza con miedo y obediencia con respeto.
Más lamentable aún fue la reacción de algunos diputados del oficialismo que, ante la falta de argumentos para defender lo indefendible, recurrieron al insulto. Con discursos incendiarios pero atropellados, intentaron desviar el debate y proteger a quien había llegado a violentar la autonomía del Congreso. Esa complicidad revela cómo el miedo se institucionaliza y la subordinación se normaliza.
La seguridad pública no debería sentirse como amenaza. No debería implicar que el ciudadano tema más al uniforme que al delincuente. No debería sostenerse con perros, vallas y descalificaciones. La seguridad verdadera se construye con justicia, con diálogo y con empatía; con cuerpos policiales que rinden cuentas y con autoridades que escuchan, no que se burlan.
Esa comparecencia no solo exhibió un modelo fallido de seguridad: reveló una forma de entender el poder. Una que protege a los de arriba y sospecha de los de abajo. Una que presume orden mientras silencia a la gente.
Zacatecas no necesita seguridad con miedo. Necesita seguridad con derechos.
