El discurso de Claudia Sheinbaum, si bien intentó establecer un sello personal, no logró desmarcarse de manera contundente del legado del sexenio anterior. La persistente referencia a la «Cuarta Transformación» y la defensa de los proyectos insignia de su predecesor (AIFA, Tren Maya y Refinería de Dos Bocas) generan la percepción de una continuidad política más que de una agenda propia y renovada.
Se observa una tendencia a consolidar y concentrar el poder en el Ejecutivo, característica ya presente en el sexenio anterior. El informe no abordó de manera sustancial la necesidad de fortalecer los contrapesos institucionales, como el Poder Judicial o los órganos autónomos. Esta omisión genera preocupación sobre la salud democrática del país y la capacidad de las instituciones para actuar de forma independiente.
Aunque el discurso apeló a la unidad, no presentó una estrategia clara para mitigar la polarización que ha marcado la vida política desde la llegada de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Al continuar con el lenguaje de «nosotros contra ellos», se perpetúa un clima de confrontación que dificulta la construcción de consensos y la colaboración con otras fuerzas políticas y sectores de la sociedad.
La propuesta de elección del Poder Judicial, lejos de garantizar su independencia, podría someter a los juzgadores a presiones de intereses políticos y facciones partidistas, socavando el principio de autonomía que debe regir la administración de justicia. El informe omite por completo esta crítica fundamental, enfocándose únicamente en la supuesta democratización del sistema. El problema de la impunidad en México, a menudo vinculado al bajo número de jueces y magistrados, es una deficiencia estructural que no se resolverá con un simple cambio en el método de selección, sino con una inversión masiva en el sistema judicial.
La reforma se enfoca en el método de elección, pero no aborda una de las carencias más graves del sistema judicial mexicano: la falta de jueces. Según el Índice de Paz México 2025, el país cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, lo que equivale a solo una cuarta parte del promedio global. El problema de la impunidad es sistémico y no puede resolverse únicamente con un cambio en el proceso de elección, sino con una inversión sustancial en infraestructura y personal que fortalezca integralmente la administración de justicia.
A pesar del tono optimista del informe, la realidad golpea con fuerza. Un ejemplo de ello es la vulnerabilidad oculta de la población. Aunque se reporta una disminución de la pobreza, el mismo informe del INEGI muestra que la población «vulnerable por carencias sociales» aumentó de 37.9 a 41.9 millones de personas entre 2022 y 2024. Esta es una de las deficiencias más importantes y menos evidentes del informe. Si bien la estrategia de transferencias directas ha logrado sacar a una parte de la población de la línea de pobreza por ingresos, no ha resuelto sus carencias estructurales: muchas personas siguen sin acceso a servicios básicos como salud, educación o seguridad social. Sin una inversión robusta en infraestructura social, una crisis económica o un cambio en la política de transferencias podría revertir rápidamente los avances en la reducción de la pobreza, ya que estas personas carecen de una red de protección social y económica sólida.
Aunque el gobierno presume un crecimiento anual estimado del 1.2% para 2025 —correspondiente al avance interanual del segundo trimestre— esta cifra supera las proyecciones de las principales instituciones financieras. El Banco de México elevó su previsión a tan solo 0.6%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento aún más modesto del 0.2%.
El discurso gubernamental enfatiza que la «inversión pública es motor de bienestar y crecimiento». No obstante, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran una realidad distinta: el gasto público disminuyó un 5.3% en términos reales durante el primer año de gestión, de enero a mayo de 2025. Esta contención del gasto contradice la retórica de un Estado que impulsa la economía mediante la inversión, a pesar de que los ingresos del gobierno federal aumentaron un 8.5% en el mismo periodo.
El informe celebra el aumento del salario mínimo, que alcanzó los 278.80 pesos diarios a nivel nacional y 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. Sin embargo, omite la alta tasa de informalidad laboral que sigue afectando a gran parte de la población. Para el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad a nivel nacional fue del 54.3%. Este problema es particularmente acentuado en las mujeres, cuya tasa de informalidad (54.9%) supera la de los hombres (53.9%). Esto demuestra que, si bien hay avances en los ingresos de los trabajadores formales, las carencias estructurales del mercado laboral persisten.
Aunado a este problema, el informe no delineó una reforma fiscal integral que permita aumentar la recaudación y generar ingresos suficientes para financiar el vasto programa social y de infraestructura previsto. La dependencia de la austeridad como única herramienta para el manejo de las finanzas públicas podría resultar insostenible a largo plazo.
El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta como una declaración de continuidad con un matiz personal. Sus deficiencias radican en la falta de autocrítica, una visión optimista de los desafíos y la persistencia de un lenguaje político polarizador. El éxito de su sexenio dependerá de si logra trascender la narrativa de la «Cuarta Transformación» para construir una propia, si es capaz de balancear la centralización del poder con el fortalecimiento de las instituciones, y si su visión de la economía y la sociedad evoluciona de la distribución hacia la generación de riqueza y oportunidades para todos los mexicanos.
Es imperativo ir más allá de los programas de transferencias. Se debe priorizar una estrategia de crecimiento sostenible que impulse la inversión productiva en sectores clave y garantice que la inversión extranjera se traduzca en desarrollo regional equitativo y en la creación de empleos de calidad.
Es fundamental que la presidenta Sheinbaum utilice su capital político para fortalecer el andamiaje institucional en lugar de concentrar el poder. Fomentar el diálogo con la oposición y la sociedad civil es esencial para construir consensos en torno a reformas que fortalezcan la autonomía de los poderes y los organismos constitucionales, garantizando así los contrapesos democráticos necesarios para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo.
El ideal delineado en el primer informe refleja únicamente la burbuja política que contiene al grupo en el poder, y una realidad alterada que busca difundirse e implantarse en la población, en ese «pueblo bueno» que mantiene altos niveles de aprobación.
Estimado lector, espero que estas cápsulas de realidad le sirvan como guía para entender hacia dónde vamos, y no el país que nos quieren vender.
