Un Plan B inconstitucional según un morenista y la marcha pro INE del oportunismo

➡️Planes B

➡️El retroceso

➡️Sobre advertencia no hay engaño

➡️Meterle mano al INE

 

Planes B.- Ricardo Monreal identificó al menos 21 puntos inconstitucionales del Plan B de reforma electoral, antes de que por acuerdos políticos, avalara esa propuesta el 22 de febrero en el Senado.  El 12 de diciembre el líder de la Junta Coordinación Política (JUCOPO) se reunió con Adán Augusto López, Secretario de Gobernación. Instalados en el Senado de la República, Monreal Ávila tuvo una hora para jalar la cuerda, antes de que se les unieran Mónica Fernandez y Rafael Espino en la reunión. La visita de Adán era lógica. Fue a cabildear la aprobación de la propuesta alterna de reforma al INE que envió AMLO a la Cámara de Diputados, donde pasó fast track.  Al entrar al territorio del ex gobernador de Zacatecas, la propuesta presidencial para modificar al árbitro electoral, encontró un freno temporal.

El retroceso.- El senador puso trabas porque quería presionar a la 4T a cambio de beneficios políticos para él y los suyos de cara al 2024. No obstante, alertó sobre el retroceso que significa el Plan B que -cumplidos sus designios- avaló sin chistar el pasado miércoles.  También queda claro, que si bien la oposición  aprovecha para sacar raja política de las concentraciones multitudinarias en la Ciudad de México y varios estados de la república, nos corresponde no caer en el juego de sus intereses. Nos toca la neutralidad informada, porque no hay que perder de vista que sin importar el partido que gobierne, si a la hora de legislar aprueba leyes en su beneficio de su partido o su grupo, no le debemos dar nuestro respaldo. La disyuntiva que enfrentamos es la de  tomar una postura que no permita los abusos del poder,  sin importar quién lo ostente. Los mexicanos merecemos elecciones imparciales y limpias. Es cierto que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha sido la panacea de la democracia, hay cosas qué corregir, pero no estamos en posición de aceptar los retrocesos que plantea la reforma que aprobó el Senado la semana pasada.

Sobre advertencia no hay engaño.- Aunque se eliminó de la Reforma el agandalle que pretendían los partidos parásitos de Morena -PT, Verde, etc.-, que querían  conservar el registro con solo el 3% de los votos en 17 entidades;  la reforma pasó con rubros que benefician al instituto político que gobierna. A México no le conviene regresar a los tiempos del partido hegemónico. Pese a eso, las modificaciones que pasaron tienen ese objetivo. Se concentran en dos grandes premisas que significan el adelgazamiento del INE y la pérdida de facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ).  Con el Plan B, regresa la permisividad de los funcionarios públicos para hacer campañas adelantadas con cargo al erario.  Restando trascendencia al hecho de que el Senador de Fresnillo quedó como un político incongruente, al final de cuentas sobre su advertencia no hubo engaño.

Para meterle mano al INE, el partido oficial puso de pretexto el ahorro. Por eso, Morena y sus  aliados se pasaron por el arco del triunfo la constitución al eliminar las 300 juntas distritales arriesgando el eficiente diseño de los procesos electorales. Al partido que gobierna no le importa garantizar elecciones limpias, a pesar que ese era el rumbo que debía tomar cualquier modificación a las reglas electorales. Dizque para ahorrar, con el Plan B se redujo en 85 por ciento el servicio profesional del INE en todo el país. Dizque para ahorrar, se compactó la estructura del INE. El partido de López Obrador prefirió entorpecer el desempeño del instituto en la instalación de casillas, la fiscalización de partidos, campañas y el conteo de votos. También legalizó -por así decirlo- las faltas a las reglas electorales como hacer campaña con recursos públicos y en tiempo no reglamentario. Es cierto, sí había que quitar ciertos privilegios de la  cúpula del INE ya que ha sido onerosa  porque no hay justificación para solventar privilegios como el seguro de gastos médicos mayores a esa élite.  No obstante, si esa la austeridad fuera el trasfondo real, el dispendio en otros rubros como cancelación de obras bajo acusaciones no  comprobadas de corrupción, no hubiese existido. Si fuera para ahorrar, tanto el ejecutivo como el legislativo no simularían austeridad como lo hacen. Eso aclara que en realidad no les importa gastar menos, sino desmantelar al organismo electoral.  Si la Suprema Corte no detiene el Plan B, terminaremos teniendo un instituto electoral supuestamente más barato pero nos costará muy caro en el terreno de la democracia. Ya veremos. 

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