Por Pilar Pino
Todos los días, las y los mexicanos sufrimos los efectos de la violencia criminal. En Guerrero, Chiapas y Jalisco han ocurrido eventos que se acercan más al terrorismo que a acciones criminales, lo que implica costos sociales, de gobernabilidad y seguridad. Lo anterior, nos muestra una escalofriante descomposición generalizada en varias regiones del país.
Para la ONU, el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Es necesario prevenir estos actos, así como detener la financiación, movimiento y actividades de redes terroristas, con el fin de prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
En Guerrero el grupo delincuencial “Los Ardillos” cuenta con bases sociales d(entre 4 y 5 mil personas para someter a las autoridades, tan es así, que hace días iniciaron protestas violentas por la detención de dos de sus cabecillas, obligando a la gobernadora Evelyn Salgado, a negociar con los criminales, luego que éstos tomaron la Autopista del Sol, a servidores públicos como rehenes y paralizaron literalmente la capital guerrerense. Cabe señalar que este grupo controla la siembra y cosecha de amapola y su posterior transformación en estupefacientes.
En Chiapas, después de vivir reiterados ataques del crimen organizado en los últimos días, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), publicó un informe sobre la situación de violencia, marginación y violaciones de derechos humanos cometidas cada día. Los grupos criminales utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial, así como para garantizar la impunidad fomentada por los actores que abonan al despojo, explotación y marginación social.
El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras; así lo describe dicho informe.
En esa parte del país se corre el riesgo de comenzar una guerra civil si la violencia no es contenida ni el pueblo escuchado.
En Jalisco, la noche del martes, personal de la Fiscalía y la policía sufrieron un ataque con explosivos en Tlajomulco. Se trato de una emboscada, cuando seguían la pista anónima de una fosa clandestina. El saldo fue seis policías muertos y 16 personas heridas.
Según datos del Instituto para la Economía y la Paz, se estima que la violencia criminal en nuestro país cuesta alrededor 4.6 billones de pesos anuales, lo que equivale a 18.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, dicho instituto destaca que son 3 los estados en los que el costo de la violencia supera el promedio nacional. Zacatecas, Colima y Morelos, en estos lugares, el costo de la violencia criminal es superior al 40% del PIB. Los incidentes violentos ocasionan costos en forma de daños a la propiedad, lesiones físicas, deterioro de la salud mental y muertes. Asimismo, alteran los patrones de inversión y consumo; las personas, empresas e instituciones canalizan recursos en seguridad en lugar de en actividades productivas. Este tipo de gastos comienza a normalizarse, en medio de una realidad que parece salida de una película postapocalíptica.
Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país que menos gasta en la contención violencia e inseguridad, destina a penas 0.6% del PIB, los resultados, de tan baja inversión los resentimos a diario.
No tengo palabras para describir el clima de ignominia bajo el que estamos viviendo, mientras que el tema de la agenda nacional es sobre cuál es el o la mejor candidata para los comicios del 2024. Pareciera que el ruido de la política apaga el de las balas que asesinan en promedio a 100 personas cada día en este país. La violencia ha permeado todos los espacios tanto públicos como privados.
La posición de los Estados Unidos un peligro para la soberanía
El debate político en Estados Unidos comienza a centrarse en declarar la guerra contra los cárteles de la droga en México. Tanto demócratas como republicanos, saben que el problema es real y trágico, más de 70 mil estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas, producidas mayormente por los carteles mexicanos en 2021, según datos de Whashington Post.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha declarado su oposición a cualquier intervención militar extranjera para hacer frente al problema de las drogas. Lo que ha servido para alimentar su discurso nacionalista y negar la realidad de violencia que se vive en el país. No obstante, esta es una política a la que tendrá que enfrentarse su sucesor o sucesora, puesto que gane el partido que gane, tendrá que llegar a una negociación con el vecino del país.
Nos vemos en dos semanas. Tomaremos vacaciones.