En la congeladora.- Fue en octubre de 2020, cuando Ricardo Monreal y Nestora Salgado, suscribieron una iniciativa en el Senado de la República para la creación de Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno. Si bien es cierto que el fresnillense volvió a recordar en 2021 que dicha iniciativa yacía en la congeladora, a últimas fechas desde que a su hermano el gobernador le toca enfrentar un problema de desplazados por el narco no ha emitido postura. Y es que, en Zacatecas el desplazamiento forzado se consolida como una de las asignaturas que demanda una solución urgente, no solo porque según estimaciones hay más de 30 mil personas que lo padecen de los municipios de Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Monte Escobedo, entre otros, también porque significa una grave crisis humanitaria que no se debe soslayar. En días recientes, Andrés Manuel minimizó el desplazamiento en Zacatecas al afirmar que eran pocas las personas afectadas. El gobierno no ha querido entrarle a un tema que a nivel nacional desde 2018 afectaba a más 300 mil mexicanos de acuerdo a la exposición de motivos de los senadores al presentar la iniciativa de reforma mencionada. 4 años después es evidente que lejos de terminar, el problema se acentúo.
Desplazamiento forzado, nada nuevo.- En 2019 la administración de AMLO reconocía la existencia del desplazamiento en el territorio mexicano, pero no parece tener relevancia en su agenda. Fueron precisamente los jerezanos que se manifestaron hace días frente a Palacio Nacional, los que trajeron el tema a la agenda. El escenario que se vive nuestra entidad en 18 comunidades de Jerez, al menos 15 comunidades de Valparaíso y otras tantas de Fresnillo y Monte Escobedo, por mencionar solo las demarcaciones en las que se ha visibilizado el desplazamiento forzado, atrajo los reflectores. Si bien es cierto que los jerezanos hablan de que sus comunidades fueron tomadas desde 2020, no hay que olvidar que los tres niveles de gobierno han hecho todo para fingir que hay un pequeño número de afectados. Lo que todavía Alejandro Tello ignoró ya no es posible ocultar. El poco valor que le han dado al ataque frontal a los derechos humanos de cientos de mexicanas y mexicanos que han sido secuestrados con fines de explotación sexual y laboral, además de las miles de familias que han emprendido viales a la incertidumbre, no debe continuar. Y no sólo por las afectaciones que sufren las personas, también porque significan cuantiosas pérdidas económicas. Ricardo Monreal lo mismo que su compañera Nestora Salgado, debe empatizar con la población que padece ese mal lo mismo en Zacatecas que en Guerrero.
Urge se legisle sobre desplazamiento.- De ahí que sea prudente que la iniciativa que ambos formularon en 2020 sea rescatada. No olvidemos que proponía atender a las víctimas con “una investigación pronta y exhaustiva que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables de los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno, así como a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones y a que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas”. Es decir, un asomo de justicia a favor de las familias que padecen el abandono crónico de las autoridades y que están a merced del narco al menos en 5 estados del país a los que se sumó desde 2019 Zacatecas. Los Senadores de Morena no deben olvidar que dominio territorial de la criminalidad presupone una derrota a la gobernabilidad. La falta de legislación que castigue a quienes obligan a los habitantes de las comunidades a huir para salvar la vida, constituye un aval para que el fenómeno siga avanzando en más regiones del país.
