Sobre la pluma: Norma Galarza es economista por la UAZ y columnista de La Cueva del Lobo
“Los políticos prometen según sus esperanzas, pero cumplen según sus temores”.
—François de La Rochefoucauld
➡️La prolongada crisis del campo
➡️Un plan insuficiente y clientelar
➡️¿Dádivas o justicia estructural?
La prolongada crisis del campo
El campo mexicano atraviesa una crisis añeja, acentuada por las políticas neoliberales que alcanzaron su punto máximo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este sector no logró competir en condiciones equitativas frente a un agro estadounidense subsidiado y altamente productivo, que comenzó a inundar el mercado mexicano con maíz y frijol. Los altos costos de producción en México facilitaron el incremento paulatino de las importaciones de estos granos. La falta crónica de incentivos agrícolas se agravó con la llegada de la Cuarta Transformación.
A pesar de la reiterada promesa de alcanzar la soberanía alimentaria, la importación de granos básicos ha aumentado desde 2019. Según documentos oficiales, en el penúltimo año del gobierno de Enrique Peña Nieto se importaron 14 millones de toneladas de maíz. En 2019, la cifra ascendió a 16 millones, y para 2024, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México adquirió 22 millones 700 mil toneladas. Aunque el actual régimen prometió fortalecer la producción interna, las políticas públicas siguen siendo insuficientes. Hoy, resulta más rentable importar maíz que producirlo localmente, lo que representa una amenaza sistemática para la agricultura nacional.
Un plan insuficiente y clientelar
La situación es tan preocupante que, desde hace semanas, productores rurales de todo el país han bloqueado vialidades federales para hacerse escuchar. Sus demandas son legítimas: precios de garantía para los granos básicos que les permitan recuperar al menos su inversión. Además, solicitan que México excluya estos granos del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Esta medida, aunque comprensible, podría generar una hambruna si no se resuelve primero el problema del abastecimiento nacional. Lo más alarmante es que las políticas para lograrlo siguen siendo tibias.
En abril de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un plan para “aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria”. Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), lo anunció en la “mañanera del pueblo”, detallando una inversión de 83 mil 760 millones de pesos entre 2025 y 2030. Esta cifra resulta irrisoria si se considera que, según el INEGI, México cuenta con 29 millones 806 mil hectáreas destinadas al uso agrícola. El plan está dirigido a 750 mil productores de pequeña y mediana escala, lo que sugiere un enfoque más clientelar que estructural. La prioridad del gasto público sigue siendo las transferencias directas, necesarias para un sector de la población que se debe segmentar, pero insuficientes para transformar el agro.
¿Dádivas o justicia estructural?
¿Realmente queremos un país donde lo mejor que podamos hacer sea extender la mano para recibir dádivas? Somos un pueblo trabajador que, por generaciones, ha exigido condiciones justas para todos. Por ahora, el sector agrícola y ganadero continuará en las calles y carreteras, ya que no se alcanzaron acuerdos con el titular de SADER en la reunión del lunes. Actualmente, México produce menos del 50 % del maíz que consume, a pesar de ser el principal grano de la canasta básica.
Lo más preocupante es el desinterés institucional frente a la crisis del sector agrícola, agravada por el cobro de piso en amplias regiones del país. ¿Hasta cuándo persistirá esta apatía? No se trata de simpatizar con partidos políticos, sino de exigir el cumplimiento de las promesas que se repiten en cada proceso electoral. Como ciudadanos, estamos fallando a las futuras generaciones al ser tan permisivos y conformistas. O ¿Usted qué opina?
