Agradecemos la foto de portada a Antonio Román Arteaga

El fin de semana Zacatecas vivió uno de los episodios más profundos de terror en la historia reciente del estado.  En diferentes puntos del territorio, desde el sábado ocurrieron ataques armados, donde varias personas perdieron la vida. Una de ellas fue el juez Roberto Elías Martínez que fue asesinado frente a su casa. Por la tarde del domingo comenzó un motín e intento de fuga en el penal varonil de Cieneguillas. Lo que derivó en desmanes en diferentes vías de comunicación por parte de los criminales.  Narcobloqueos con incendios de vehículos particulares, casetas y la colocación de “ponchallantas” con el objetivo de “distraer” a las autoridades, según  la versión oficial.

Desde hace más de un año nuestra entidad vive una de las situaciones de violencia e inseguridad más complejas de todo el país. Las y los zacatecanos somos testigos diarios de ello. Solo el año pasado hubo 1 mil 776 asesinatos en esta tierra; 54 elementos de la policía municipal y estatal han sido aniquilados este 2022,  incluso junto a sus hijos e hijas; 96 niñas y niños han muerto como víctimas colaterales de ataques directos, situación que va al alza tanto en número como en la saña con que se cometen.

La disputa por el territorio entre los mayores cárteles de la droga, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, aunado a la inacción gubernamental de los tres niveles de gobiernos nos están dejando un grado de vulnerabilidad que se manifiesta en que nadie esta a salvo. Hace casi dos semanas ocurrió el primer homicidio de un general de la Guardia Nacional a manos de crimen organizado. Zacatecas es una tierra sin ley donde personas inocentes y ajenas a la actividad criminal son despojadas de sus pertenencias, su patrimonio (desplazados de las comunidades de Jerez), su libertad e incluso su vida. El saldo: miedo generalizado y nula credibilidad en el gobierno.

Lo noche del domingo fueron difundidas imágenes y videos por redes sociales, mostrando el horror; decenas de vehículos incendiados. Como sonido de fondo, disparos, sirenas policiales, personas clamando ayuda y huyendo del lugar, para preservar sus vidas. Incluso desde el sábado circulo un video en twitter, donde se observa a civiles armados arrojando cuerpos descuartizados a una fogata. Si la intención es generar pánico y descontento social entre la ciudadanía, lo lograron con  un éxito descomunal.

La respuesta de las autoridades causó tan enojo  e indignación,  que se hizo evidente en redes sociales. Gabriela Pinedo, secretaria de Gobierno, en un escueto comunicado, informó que el intento de motín había sido frustrado y la situación se había sido controlada por las autoridades; asimismo, solicitó el traslado de reos de altos nivel a un penal con las condiciones para su retención. 

El lunes comenzó a circular una petición de change.org para la renuncia del gobernador, David Monreal, que al cierre de esta edición rondaba en las 22 mil firmas. El martes, a temprana hora, un monumento fue pintado con la frase “Monreal renuncia, en Zacatecas no hay paz”. En ese caso, sí hubo una sorprendente respuesta inmediata ya que fue restaurado  a las pocas horas, lo que acentúo las críticas sobre la velocidad de respuesta de las autoridades cuando  no se trata de vidas humanas. 

Es difícil permanecer pasivos ante lo indignante e injusto de la situación que a diario vivimos. Los testimonios de quienes fueron víctimas el domingo de los bloqueos son desgarradores, familias enteras fueron despojadas de sus pertenencias, obligadas a huir para salvar su vida. Caminaron incluso kilómetros, con miedo en su búsqueda por resguardarse, sin recibir ayuda de las corporaciones de seguridad. Cabe preguntarse, ¿Quién se beneficia en realidad por la omisión de las fuerzas armadas, del caos e ingobernabilidad devenido de ello?