Impunidad, una traba para lograr la paz

Arturo Nahle dio en clavo al afirmar que la impunidad es un factor “criminógeno que coadyuva a la violencia”.  Entrevistado por Francisco Esparza, el Magistrado Presidente del TSJEZ, clarificó que si una persona “roba, mata, secuestra, viola  y no pasa nada”,   seguirá  robando, matando, secuestrando… Nahle García también apuntó que la impunidad en el país se ubica por encima del 95 por ciento.  En noviembre pasado, cuestionado por diario El sol de Zacatecas, afirmó que 9 de cada 10 homicidios que se comenten en nuestra demarcación, quedan impunes. En ese mismo medio, mencionó que la responsabilidad de esa cifra cae directamente en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Más allá de la opinión de quién encabeza el TSJEZ,  en cuestión de desaparición forzada la impunidad es aún más preocupante. Es relevante la cifra de que 151 personas de  0 a 17 años de edad se encuentran desaparecidos en la entidad. El dato que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de 2020 a la fecha, da cuenta de la gravedad de ese fenómeno.  Resulta escabroso, que según la investigación de México Evalúa “Hallazgos desde lo local 2021: Zacatecas”,  en ese año que menciona el estudio, quedaron impunes el 100 por ciento de los casos de desaparición investigados por la Fiscalía.  Además, se presume que la cifra negra de los delitos que ocurren en la entidad -que no fueron denunciados ni investigados- ronda en un 95 por ciento. 

Con ese contexto, y si bien desde la nueva gobernanza se privilegia el discurso de que “el anhelo” de David Monreal es traer la paz a los zacatecanos, como siempre, desde que la violencia se convirtió en el principal problema, no se ataca la impunidad.  No se aquilata desde la autoridad, que ese rubro es relevante cuando se habla de la incidencia delictiva. La percepción entre las bandas criminales de que no hay castigo frente a los homicidios, secuestros, ataques armados,  provoca que se realicen con mayor descaro.  

En el círculo de muerte que conforman los municipios de Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas,  las embestidas de la criminalidad son cada vez más públicas, la consigna parece ser la visibilidad.  Ya no se esconden para cometer sus fechorías.  Lo peor, es que el gobierno estatal no está interesado en ahondar en esa variable porque ha decidido que los enemigos de la entidad, no son los hombres armados que atemorizan a la sociedad, sino los medios informativos que difunden esa inocultable realidad.  

Tal artilugio exhibe la negativa de la administración actual de tomar al toro por los cuernos. De fondo, la estrategia nacional de seguridad que se aplica aquí, ha sido determinante para incrementar la impunidad. Sus vértebras, se sustentan en la idea de que atender las causas de fondo, que originan la violencia contribuye a disminuirla. Sin embargo, es una estrategia simplista que se centra en la repartición de dinero público y no contempla factores como el incremento de la drogadicción en las comunidades que la padecen. Tampoco contempla que la gran mayoría de los generadores de violencia, no tienen arraigo en las comunidades a las que violentan. Suelen ser personas de otras entidades.

También es de apuntar que es mandato del actual presidente de la República, es que las Fuerzas Armadas se apeguen a lo que establece la Ley Nacional de Uso de Fuerza. El capítulo tercero de dicha ley, señala que el uso de la fuerza se regirá por el principio de absoluta necesidad.  El objetivo es agotar todos los “medios para el desistimiento de la conducta del agresor”. Por ese principio, los elementos castrenses  evitan en la medida de lo posible abatir a los criminales, en aras de adherirse a la orden jurídica. De ahí que la estrategia vigente haya traído un incremento muy escandaloso de la impunidad, porque las fuerzas del orden mandan la percepción de que están atadas de manos. 

Por último, vale preguntarse ¿Qué estrategia implementa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? porque por más que se intente cargar toda la responsabilidad en la federación, aquí hay instituciones que ejercen recurso público. Y no es poco, este año la dependencia estatal en cuestión gastará  mil 863 millones de pesos, que significan un incremento porcentual del 11.08 por ciento respecto al ejercicio fiscal pasado.  Por lo pronto,, amanecimos con nuevo Secretario de Seguridad. En las primeras horas del día de hoy se llevó el proceso de entrega recepción entre Adolfo Marín y Arturo Medina Mayoral. El primer cambio en el gabinete  que ya era necesario. Esperemos que el nuevo funcionario que estará a cargo de casi 2 mil elementos operativos,  tenga más ganas que las que se le veían a Marín y por fin  se entienda que mientras prevalezca la impunidad, ninguna estrategia de seguridad será suficiente para lograr la anhelada paz.  Hasta el viernes.