La abulia legislativa arriesga la despenalización del aborto en Zacatecas

Queda claro que a los ocupantes actuales del Poder Legislativo, se les tiene que recordar su labor porque si no, ellos se tiran a la abulia a la menor provocación. Dados a hacerle al tío “Lolo”, los 30 diputados piensan que entretienen al público cuando suben a tribuna solo para emitir  exhortos. Sí, esos llamados a misa que sirven en el terreno de lo pragmático para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Si bien, únicamente la Comisión Permanente ha tenido actividad desde el 27 de diciembre cuando se citó al pleno a la aprobación del Presupuesto 2023, en conjunto, ya van para su tercer año y definitivamente están resueltos a pasar a la historia como la legislatura más improductiva de Zacatecas. Es de resaltar la aprobación de los matrimonios igualitarios en diciembre de 2021, concretada en medio de la aprobación de un presupuesto con recortes sentidos como el que se le aplicó al Poder Judicial. De esa hazaña ya pasó más de un año y las y los legisladores se enfrentan a un reto mayúsculo: aprobar la despenalización del aborto en la entidad. 

Las leyes existentes en el Código Penal local sobre la interrupción del embarazo son definitivamente arcaicas. La imposición de prisión de 4 meses a un año a la embarazada que procure o consienta un aborto,  aumentan  basadas en los supuestos retrógradas de tener mala fama, ocultar el embarazo, que éste sea fruto de unión ilegítima, entre otros.  Tal legislación, contraviene la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto, que en septiembre de 2021, se votó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  En el comunicado 271/2021, ese  poder  sentó precedente nacional al informar que declaró inválido  “el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.  Si bien se definió que el producto en gestación merece una protección que incrementa con el tiempo,  también apuntó que no se puede desconocer el derecho de las personas gestantes a decidir. 

Con ese antecedente, colectivas feministas recolectaron el año pasado 2 mil 465 firmas que presentaron el 28 de septiembre de 2022 en la LXIV legislatura, como base de una iniciativa ciudadana que busca homologar los criterios de la SCJN y reformar la Ley de Salud y el Código Penal del Estado.  Un acto ciudadano que nació para exigir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, porque ya se vio que los legisladores responsables del deber de legislar en esos términos, se entretienen con la inmortalidad del cangrejo.  Las activistas les pusieron el trabajo sobre la mesa, pese a que es deber de quienes cobran muy caro por calentar  esporádicamente las curules del Poder Legislativo. 

No obstante, no ha sido suficiente que más de 2 mil personas se unieran en la petición de que Zacatecas sea otra más de las 9 entidades del país en las que el aborto ya no es punible. No han bastado los esfuerzos civiles para que el oxidado riel que mueve al poder legislativo, dé un paso.  Es evidente  que los legisladores, como bueyes de carga, necesitan ser arreados.   Y es que, aunque ya pasaron 4 meses de la entrega de firmas, las feministas han recibido solo pretextos y nada de soluciones. Según el comunicado de prensa que difundió el Movimiento Feminista del Estado de Zacatecas el jueves, fueron citadas el pasado 7 de noviembre para hablar de los avances del dictamen, pero no fueron atendidas por ningún legislador o legisladora. 

El miércoles un contingente de feministas acudió al Congreso y después de la sesión de la Comisión Permanente, lograron reunirse con la diputada Imelda Mauricio que preside la Comisión Dictaminadora. La diputada se comprometió a citar a su comisión el próximo lunes para darle camino a esa iniciativa. Se espera que ahora sí las y los diputados locales empiecen a darle celeridad a la reforma de ley que abre las puertas para que la maternidad sea deseada o no sea.  Es un derecho de miles de niñas y mujeres que son obligadas a parir por el temor de enfrentar procesos legales, o peor, que arriesgan sus vidas en abortos insalubres.